- Nuestra DEMUNA sigue realizando operativos de mendicidad para contrarrestar el trabajo infantil.
Con el fin de erradicar la explotación que vulnera los derechos humanos de millones de niños, niñas y adolescentes, nuestro Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente (COMUDENA) ha establecido un plan de trabajo que incluye realizar un operativo de mendicidad mensual, en donde podemos identificar a los menores que trabajan en nuestras calles.
En estos, participan la Fiscalía de la Nación y la Comisaría del distrito, así como personal de nuestra Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente (DEMUNA) y nuestro equipo de seguridad ciudadana.
«En Pueblo Libre, reafirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de la explotación laboral. Es nuestra responsabilidad como gestión garantizar que cada menor un entorno seguro donde puedan crecer y desarrollar todo su potencial. Juntos, podemos construir un futuro mejor para todos», afirmó Mónica Tello López, alcaldesa de la Municipalidad de Pueblo Libre.
Gracias a estos operativos, de enero a mayo, hemos identificado 23 casos de menores trabajando en las principales calles de Pueblo Libre, como las avenidas Sucre, Bolívar, La Marina, Cipriano Dulanto, Mariano Cornejo, entre otras.
Sin embargo, los menores provienen, en su mayoría, de la provincia de Huancavelica o de distritos como Los Olivos, El Agustino, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Pachacútec, Ventanilla, San Martín de Porres, Pro, entre otros.
¿Qué proceso se sigue tras cada operativo?
En los casos que son identificados por primera vez, la Fiscalía cumple la función de orientarlos y sensibilizarlos, exhortándolos a no continuar arriesgando a sus hijos y vulnerado sus derechos. En los casos que son reiterativos o se encuentran a niños, niñas o adolescentes solos, la Fiscalía dispone que vayan a la Comisaría, en donde se les solicita que se hagan los exámenes necesarios. Tras ello, se deriva el caso a la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que evalúen los casos por presunto riesgo o desprotección familiar.
